He leído con suma sorpresa
la columna de Luis Felipe Zegarra en Diario.16, en la que critica
ferozmente la Ley de Alimentación Saludable para Niños y Adolescentes, que,
entre otros fines, busca regular la publicidad de las empresas de comida rápida.
Su crítica, al igual que la de la gran mayoría de lo que se opone a esta
iniciativa legislativa, se apoderó del discurso de la irrestricta libertad de
las personas, de su derecho ultrasupremo a elegir y del negativo rol que
tendría el Estado como regulador, al interferir en las decisiones de consumo de
las familias.
Nada más alejado de la
realidad. En primer lugar, la ley no arrebataría derechos a ninguna persona ni
empresa particular, ni mucho menos pretende decidir sobre los aspectos básicos
de la nutrición, educación y salud que los padres eligen para sus hijos. Lo
único que se busca es regular la publicidad que sobre la comida chatarra
existe, para evitar así la publicidad engañosa, emitir mensajes más claros a
sus potenciales consumidores y alertar sobre los riesgos que el consumo de este
tipo de alimentos genera. Este aspecto es fundamental, a sabiendas de que gran
parte de los consumidores de comida chatarra son niños, fácilmente influenciables
por imágenes difusas o personajes conocidos. ¿O les parece buenísimo que
conocidos rostros de televisión fomenten el consumo de pollo frito sin alertar
sobre las sustancias cancerígenas que contienen las papas que lo acompañan?
Este tipo de regulación no
es novedosa, no es invasiva, ni mucho menos es propia de un Estado totalitario;
antes bien, es una práctica común en otras industrias, como la del alcohol o el
tabaco. ¿Alguien se atreve a decir que la Nueva Ley Antitabaco, que restringe
de fumar en hospitales, colegios, universidades y espacios públicos cerrados es
un atentado contra las libertades fundamentales de la persona? ¿Acaso no
promueven las compañías cerveceras, bajo su concepto de “responsabilidad
social”, que sus propios consumidores cumplan con las regulaciones que el
Estado les impone?
El fundamento económico de la regulación está en las
imperfecciones que tiene el mercado. En este caso, el consumo de alcohol o
cigarrillos –al igual que el de comida rápida- conlleva graves perjuicios a la
salud que son conocidos perfectamente por el productor, mas no por el
consumidor, quien conoce menos el producto que consume y, en caso desee obtener
la información esta le resulta costosa (el costo de investigar, educarse,
buscar fuentes confiables). Frente a este caso de información asimétrica, el Estado interviene exigiendo al productor
que haga pública la información de que dispone para que el consumidor realice
una elección más informada. Hoy nadie cuestiona las restricciones en la
publicidad del alcohol o el tabaco porque conocemos muy bien los efectos
secundarios de estas drogas sociales, luego de que estudios médicos
independientes destruyeran los falsos mitos impuestos por la publicidad
engañosa de las grandes corporaciones de estas industrias.
Existe, adicionalmente, un fundamento más fuerte: los
comportamientos adictivos debilitan la salud de los individuos, haciendo que ellos,
sus familiares o el Estado realicen un mayor gasto en salud que, aunque
provechoso para el mercado de la salud, disminuye el bienestar de la sociedad.
Regular la publicidad de bienes que pueden acabar siendo males, busca reducir
los efectos colaterales de estos. Recuérdese que el Estado debe promover la
libertad de sus individuos, pero también el bienestar de la sociedad, y de
ninguna manera puede supeditar este a la libertad de los mercados, que es la
libertad de las grandes corporaciones para engañar a sus consumidores. Que quede
bien claro.
Adelante. Ahora que lo sabe, consuma comida
chatarra. Somos gordos, seámoslo siempre.
